RESUMEN
En
Colombia, desde la década de los años ochenta del siglo XX tomó
fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, política
que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos
gobiernos y se expresa como terrorismo de Estado. Incidió en el
surgimiento de tal fenómeno, la ideología anticomunista que profesan
la mayoría de miembros de las fuerzas armadas, la cultura política
derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, así como
el narcotráfico, al igual que las influencias externas, provenientes
principalmente de Francia y Estados Unidos. El paramilitarismo
invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la
perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar,
social y económico de alcance nacional. Originado, según sus
mentores, como una respuesta a los excesos de la guerrilla, el
paramilitarismo ha privilegiado, como método de lucha, las masacres,
asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil, acusados
de ser simpatizantes o colaboradores de las guerrillas. Al
presidente Álvaro Uribe Vélez, se le atribuye el haber auspiciado el
paramilitarismo y de institucionalizarlo en su gestión de
gobierno.
Palabras
clave:
paramilitares, poder, violencia, gobierno.
ABSTRACT
In
Colombia
, since the
eighties of the XXth century, the paramilitarism has been taking
force as a strategy against insurgence, a kind of politics which has
not been yet recognized by part of different governments, being
expressed State terrorism. It caused the emergence of such a
phenomenon named anti-communist ideology, professed by most Armed
Forces members, political culture that comes from violence,
corruption and clientelism as well as from drug dealing, and
external influences, mainly from
France and the
United States
. Paramilitarism has invaded
all the different structures of the state power aiming at forming
itself as a political, military, social and economic project at
national level. According to its mentors, paramilitary groups have
resulted from a reaction to the guerrilla movements excesses.
Paramilitarism has been choosing, as a fight method, selective
massacres, murders and displacements of civil population suspicious
of supporting and collaborating with guerrilla groups. President
Álvaro Uribe Vélez is accused by his political opponents of
sustaining and institutionalizing paramilitary groups.
Keywords:
paramilitary, power, violence, government.
Introducción
Contrario
a lo que comúnmente se cree, dicho fenómeno no es reciente, ha sido
una práctica política a la cual han recurrido las elites políticas,
económicas y de la mafia para conseguir el poder, expandirlo y
afianzarse en él. Si bien es cierto hubo un ambiente interno
propicio para su aparición y auge, el paramilitarismo no puede ser
visto al margen de la incidencia geopolítica de Estados Unidos que,
en materia de estrategia contrainsurgente, se le inculcó a los
militares formados en sus escuelas, país que a su vez fue
influenciado por Francia. El paramilitarismo es uno de los
principales factores incidentes en la violencia y en la degradación
de la misma. Se calcula que una parte de sus víctimas, aquellas
arrojadas en fosas comunes, en número superan con creces a las
registradas en los países del cono sur donde hubo dictaduras
militares.
Los gobiernos de dicho país no han tenido
voluntad para enfrentar y erradicar el paramilitarismo, por el
contrario, a través de miembros de las fuerzas armadas lo han
apoyado, al creerlos aliados en su lucha contra la subversión. Este
artículo pretende ofrecer una aproximación histórica sobre el
paramilitarismo en Colombia, para tal efecto, alude a las
influencias, su auge, los mecanismos por los cuales se expandió, las
distintas formas como se ha reaccionado frente a los hechos y,
finalmente, se ofrecen algunas reflexiones finales.
1. Lo heredado
Los franceses, en el contexto de la política
colonialista y de represión a los movimientos independentistas de
sus colonias de Indochina y Argelia, crearon organizaciones
paramilitares o escuadrones de la muerte como estrategia
contrainsurgente.1 En
ambos casos aplicaron las torturas y practicaron las desapariciones.
Según los militares franceses, era preferible eliminar a un inocente
que dejar libre a un subversivo. Concluyeron que quien controlara y
ganara la población tenía el éxito asegurado, y ante las
dificultades para su adhesión, dedujeron que el desplazamiento de la
población civil era una forma de quitarle el apoyo al enemigo y por
eso forzaron los desplazamientos. Para los mismos, "... todo
sospechoso es un muerto con la ejecución aplazada ...".2
Este conjunto de ideas incidió en los
fundamentos ideológicos de la doctrina de la seguridad nacional,
matriz del paramilitarismo en América Latina, a través de los
militares franceses Charles Lacheroy, Marcel Bigeard, Jacques Massu,
Paul Aussaresses, Paul-Alzin Léger, André Beaufré y Roger Trinquier
quien justificó la tortura.3
Para este último personaje "Los interrogatorios deben llevarse a
cabo por especialistas que estén bien informados sobre la técnica
que se emplea".4
Según dicho militar, "El control de las masas a través de
organizaciones es un arma básica contra la insurgencia. Si la
población no coopera hay que buscar dicha cooperación por medio del
peligro".5 El
paramilitarismo6
hizo parte del catálogo de enseñanzas ofrecidas por Trinquier al
ejército estadounidense, el cual a su vez las replicó en las fuerzas
armadas latinoamericanas.
La Batalla de Argel llegó a ser un modelo de la guerra
contrarrevolucionaria a partir de los escuadrones de la muerte.7
Desde mayo de 1958 las técnicas de la
Batalla de Argel comenzaron a enseñarse, primero
desde 1958 en la Escuela de Guerra de
París, donde los primeros alumnos fueron argentinos8 y,
posteriormente, en la Escuela Superior
de Guerra de Buenos Aires desde 1961, donde participaron militares
de 14 países, inclusive de Estados Unidos, en calidad de
estudiantes.9
Posteriormente los franceses capacitaron a los militares
estadounidenses a través de Pierre Messmer y Paul Aussaresses quien
fue nombrado en la agregaduría militar en Washington, de la que
dependían diez oficiales de enlace, todos veteranos de Argelia y
fueron distribuidos en distintas escuelas militares
estadounidenses.10
Los militares estadounidenses diseminaron lo aprendido a los
franceses a través de la Escuela de las
Américas,11
entre ello, la formación de organizaciones paramilitares.12
Se calcula que en la Escuela de las Américas
(US Army Scholl of the
Américas. USARSA),13
sin ser la única dedicada a tales propósitos, 100.000 militares
latinoamericanos fueron formados allí, entre ellos, 4.629
colombianos, solamente entre 1950-1970. Pero antes de esta
influencia francesa, Estados Unidos ya había implementado los
escuadrones de la muerte o paramilitares en países de América
Latina.
Dicho fenómeno se presentó en la mayoría de
países de la región del siguiente modo: en la República
Dominicana, los Cocuyos de la
Cordillera, Legión Extranjera y Jinetes del Este
los cuales apoyaron a Rafael Leonidas Trujillo para que tomara en
poder en 1930 y, en el contexto de la guerra fría, fue creado otro
escuadrón de la muerte denominado La
Banda; en Nicaragua, los Camisas Azules, quienes
junto a Estados Unidos promovieron a Anastasio Somoza García al
poder en 1936; en Guatemala, las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC), la Mano Blanca y Ojo por
Ojo; en Honduras, el Batallón 316; en El Salvador, hubo más de doce
organizaciones paramilitares, una de ellas llamada Fuerzas Armadas
de Liberación Anticomunista-Guerra de Eliminación (FALANGE); en
México, los Cuerpos de Defensas Rurales de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA); en Nicaragua, la
Fuerza Democrática nicaragüense y la Alianza
Revolucionaria Democrática, conocidas como
La Contra; en Perú, el
Comando Rodrigo Franco y Colina; en Costa Rica, la guardia civil; en
Panamá, se infiltran los paramilitares en las marchas y asesinan a
dirigentes; Argentina, la Alianza
Anticomunista Argentina (Triple A) y en Chile,
Patria y Libertad.
También hubo escuadrones de la muerte en
Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El rasgo común de
los escuadrones de la muerte o paramilitares, fue el haber sido
creados por parte de las fuerzas regulares de cada país, con la
asesoría de CIA. Según Ralph W. McGehee, quien formó parte de
la
CIA entre 1952 y 1977, dicha institución organizó
escuadrones de la muerte en El Salvador, Guatemala, Nicaragua (antes
de 1979), Corea del Sur, Irán, Chile y Uruguay. Este mismo personaje
asevera que, en 1969, fue enviado a Uruguay el agente de
la
CIA, experto en torturas, Dan Mitrione para
asesorar a las fuerzas armadas y a los escuadrones de la muerte de
ese país. Mitrione solía decir: "El dolor exacto, en el lugar
exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto
deseado".
2. Lo propio
La estrategia del Estado colombiano de formar,
entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la
ley contra aquellos que considera sus enemigos no es reciente. Según
Daniel García-Peña Jaramillo, las raíces del paramilitarismo
se encuentran en la vieja práctica de las
elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener
sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Los
antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron
en la violencia de los años cuarenta y cincuenta ... (cuando) ...
Grupos privados, como los denominados Pájaros, operaron con el apoyo y la
complicidad de las autoridades.14
Tal fue el caso de la organización paramilitar
La Chulavita, destinada a
eliminar a los liberales.
En octubre de 1962 llegó a Colombia el general
William Yarborough quien era comandante del Special Warfare Center
de Fort Bragg en Carolina del Norte, el mismo que sirvió de cuartel
general a la 82 División, más conocida como la de los Green Berets o
Boinas Verdes, recordados por su participación en la guerra de
Vietnam. La misión Yarborough recomendó crear organizaciones nuevas
de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista al igual que
la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo
operaciones violentas contra la oposición.15
Así pues, en el contexto geopolítico de guerra
fría y del Frente Nacional 1958-1974,
En los sesenta, ... se estableció el fundamento
jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el
auspicio y control de las fuerzas armadas, mediante el decreto
legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación
permanente por la ley 48 de 1968.16
Después se expidió la
Resolución 005 por medio de la cual se aprobó el
llamado "Reglamento de Combate de Contraguerrillas". Para ese
entonces se recomendó desde Estados Unidos "Si una guerra limitada
convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas
paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita
aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos".17
El paramilitarismo como estrategia
contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha
sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología
de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de
las circunstancias de cada momento. En los años ochenta, en el
contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario
Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los
narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas
inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva
ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa
del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron
grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos:
Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la
Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), Castigo a
Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, Alfa
83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento
Anticomunista Colombiano, los Grillos, el Escuadrón Machete,
Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores
(MAICOPA), los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero
Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma,18
los Grises, Rambo, Toticol, los Criollos y Black Flag,19
entre los más conocidos.
En este ambiente fueron incrementadas las
organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha
antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del
Estado colombiano en ese sentido, cuando esas organizaciones, entre
1996 y 1997, se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil. Un balance
general del desarrollo del paramilitarimo de los años comprendidos
entre 1979 y 1994, afirma Carlos Medina Gallego, refleja la
persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria,
la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de
guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio
César Turbay Ayala (1978-1982).
De ahí se pasó a la utilización de la amenaza,
el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración
Betancur Cuartas. Luego se llegó a las prácticas de la
violencia expresada en detención-desaparición, y masacres
colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco
Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994),20
según Medina Gallego. En la primera parte de los años ochenta las
organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los
narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego
evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la
colaboración y complacencia de las fuerzas armadas.21
Mauricio Romero, otro estudioso del tema, llegó a esta misma
conclusión, según Vargas Velásquez.22
Desde el punto de vista de Medina Gallego, para
los mentores de las organizaciones paramilitares como política
contrainsurgente, en Colombia se desarrollaba una guerra no
convencional entre la democracia y el comunismo. El blanco en esta
guerra no fueron, necesariamente los grupos insurgentes, sino la
población civil concebida como la base social y política del
enemigo. Desde esa perspectiva la guerra se libró en todos los
ámbitos (político, social, económico, psicológico, militar). Los
militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia
contrainsurgente, delegaron en los paramilitares "el trabajo sucio"
de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y
líderes sindicales de izquierda, por ser, supuestamente,
guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones
sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas
instituciones estatales. En esta guerra no convencional se
registraron los genocidios, las masacres, las
detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas,
individuales y colectivas y la limpieza social (delincuentes
comunes, drogadictos, homosexuales).23
En las administraciones posteriores a
la Betancur Cuartas
hubo un crecimiento exponencial del paramilitarismo. Durante la
gestión de Barco Vargas fueron identificadas cerca de 200
organizaciones paramilitares. Durante esta misma administración, en
1988, el gobierno declaró ilegales a las autodefensas y estableció
la tipificación de la conformación de éstas como conducta punible,
mediante los decretos 813, 814 y 815.24
Por su parte, Gaviria Trujillo le declaró la "guerra integral" a la
subversión, no al paramilitarismo.
El presidente Ernesto Samper Pizano
(1994-1998), por medio de su ministro de defensa, Fernando Botero
Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural,
"Convivir", como una forma de regularizar el paramilitarismo, las
Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y
356 de 1994 con la función de contribuir con labores de inteligencia
para las fuerzas armadas y, declaradas inexequibles en 1999, el
Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon a ganaderos
y narcotraficantes. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en
el Departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro
Uribe Vélez.
Desde el punto de vista de García-Peña
Jaramillo,
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) ...
incluyó la lucha contra los grupos paramilitares como parte de su
plan estratégico, ordenó el desmonte total de las Convivir,
destituyó a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán por
sus nexos con paramilitares e incluyó el combate a los grupos de
autodefensa como tema de la Agenda
Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia,
firmada con las FARC en el Caguán.25
Dicha agenda marcó el inicio de los diálogos de
paz, el 7 de enero de 1999, ante lo cual los paramilitares
incrementaron las masacres y los sabotajes al proceso de paz con
dicha guerrilla.
El presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y
2006-2010) adoptó la Ley de Justicia y Paz o la
legalización del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la
impunidad de sus acciones, permitirles legalizar sus bienes ilícitos
y dotarlos de facilidades para el ejercicio político. Un rasgo
peculiar a todas estas administraciones fue su pasividad frente al
crecimiento del fenómeno paramilitar. El paramilitarismo rompió los
cauces dentro de los cuales los mantuvo sus mentores e invadió los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el DAS (Policía secreta
colombiana), instituciones financieras, alcaldías, gobernaciones e
incluso algunas universidades, según lo señalaron congresistas
opositores al gobierno de Uribe Vélez.
Se indican casos concretos que relacionan a los
militares colombianos con paramilitares. Tal fue el caso de los
grupos paramilitares del Magdalena Medio, organizados por el ex
comandante militar de Puerto Boyacá, coronel Luis Bohórquez quien,
ante la prensa hablada manifestó:
Las autodefensas no entregarán las armas, las
devuelven al mismo Estado quien un día las reclutó, las organizó y
las armó. Era una obligación para los comandantes poder erradicar la
guerrilla y el comunismo de la zona. Actualmente hay 15.000 hombres
en armas.26
En ocasiones los militares se presentaron en
zonas rurales como paramilitares, con sus insignias y prendas
distintivas y actuaron como tales.
El paramilitarismo como recurso para luchar
contra la subversión es una política de Estado así no esté
consagrada legalmente. "Se trata de una doctrina institucional
aplicada sistemáticamente, que ha comprometido todas las instancias
de la Fuerza Pública"27.
Como muestra de lo anterior,
En su testimonio ante la justicia, el oficial
del ejército y luego comandante paramilitar Luis Antonio Meneses
declaró que hasta 1989 los contactos se hacían directamente entre el
Estado Mayor del Ejército y la dirección de las autodefensas.
Después se comenzaron a utilizar intermediarios.28
De lo anterior se deduce que las relaciones
entre las fuerzas armadas colombianas y las organizaciones
paramilitares son orgánicas. Naturalmente ello no aparece en el
organigrama de las primeras, ni en sus líneas de mando ni figuran
como organismos institucionalizados, pero ello no es óbice para que
de manera paralela, secreta o encubierta las relaciones funcionen
con arreglo a fines. Las fuerzas armadas pasaron, de tener el
control sobre los paramilitares, a ser controladas por éstos y, el
cambio de la naturaleza de este tipo de relaciones explica, en
parte, la facilidad con que además de expandirse, el paramilitarismo
penetró la mayoría de las instituciones del Estado.
Tanto el estamento castrense como los distintos
jefes de Estado, cuando se les cuestiona tal situación, la niegan
rotundamente y, cuando las pruebas son incontrovertibles, evaden sus
responsabilidades afirmando que se trata de hechos aislados y que en
modo alguno comprometen a las instituciones y menos aún que se trata
de una política de Estado,29
como ocurrió con la separación del ejército, del coronel Hernán
Mejía Gutiérrez, por sus nexos con paramilitares según denuncias a
organismos de control del Estado por parte de un subalterno suyo.30
El paramilitarismo desembozado desde los años
ochenta del siglo XX es una expresión del terrorismo de Estado.31
Quienes por diversos mecanismos estimularon el paramilitarismo,
aducen que fue la consecuencia de "La ausencia del Estado, que
permitió que la guerrilla pudiera copar territorios. Como
consecuencia, ciudadanos que estaban indefensos en el campo se
vieron obligados a organizarse para poder enfrentar la guerrilla"32.
El líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en su
declaración a la Fiscalía en julio de
2006, afirmó:
Nosotros, como organización política y militar,
reemplazamos al Estado en sus funciones, tanto en la ejecutiva como
en la legislativa y judicial, pues nuestra lucha política nos llevó
a eso, ya que nos tocó reestablecer las funciones que el Estado
debía cumplir y nunca hizo.33
Esta tesis es compartida por la derecha
colombiana.
Mientras se adelantaban los diálogos de paz
entre el gobierno de Pastrana Arango y las FARC, en el municipio de
San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a los cuales se
opuso tenazmente Uribe Vélez y las AUC; el 23 de julio de 2001, en
Santa Fe de Ralito, Departamento de Córdoba, se firmó un documento
entre los líderes de las AUC y un grupo de 32 políticos, la mayoría
de ellos de filiación conservadora, cuyos postulados hablan de
"refundar la patria" y "firmar un nuevo contrato social".34
Las alianzas entre la clase política colombiana
y organizaciones criminales han sido una práctica recurrente, entre
las más evidentes se pueden destacar tres. La primera, entre el
Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar Gaviria y políticos
liberales y conservadores. La segunda, entre el Cartel de Cali,
liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y políticos de las
mismas colectividades; y la tercera alianza ocurrió entre un sector
de la clase política, diversos estamentos y paramilitares.35
3. La expansión del
paramilitarismo
Rafael García, Jefe de Informática del DAS, en
abril de 2006 denunció que esa organización estaba al servicio de
los paramilitares. Desde noviembre de 2006, en Colombia empezó a
hacerse, parcialmente público, el escándalo referido a las
relaciones de políticos, empresarios, terratenientes, religiosos,
industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad
del Estado y militares con las AUC, conocidas como paramilitares.
Tal fenómeno se conoce como el escándalo de la
parapolítica.
La expansión del paramilitarismo en Colombia
tuvo varias vías. La adelantada por las propias instituciones y
estamentos que lo crearon, la propiciada a raíz de la indiferencia
de los distintos gobiernos nacionales frente a tal fenómeno, la
liderada por gobernadores a través de organizaciones de apariencia
legal como fueron las Convivir y la implementada por
narcotraficantes consistente en formar grupos armados para su
servicio los cuales fueron incorporados al paramilitarismo, incluso
comprándole franquicias a éste para evadir de ese modo la acción de
la justicia nacional e internacional.
Las autoridades civiles del orden ejecutivo
como gobernadores y alcaldes, los organismos secretos de seguridad
como el DAS y la SIJIN, personalidades
políticas como concejales, diputados, representantes a la cámara y
senadores, el poder judicial, la iglesia católica y los medios de
comunicación, guardaron silencio. Las centrales obreras, los
sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las
universidades, los partidos de izquierda, las organizaciones
campesinas y las mismas organizaciones guerrilleras no hicieron lo
suficiente para oponerse al paramilitarismo.
Los primeros en denunciar en Colombia la
expansión del paramilitarismo y el copamiento que éste hiciera de
las distintas estructuras de poder e instituciones públicas fueron
los partidos de izquierda y las organizaciones guerrilleras desde la
década de los años ochenta. Sin embargo, seguramente por provenir de
donde provenían las denuncias, casi nadie puso atención y, en las
más de las veces, tales denuncias fueron catalogadas como simples
"calumnias de la oposición".
Desde entonces, en el ámbito nacional surgieron
personeros dedicados a legitimar, justificar y defender tanto el
paramilitarismo, como las relaciones de las fuerzas armadas con
éste, pasando por el narcotráfico y la ola de crímenes en nombre de
una cruzada anticomunista. Tales defensores destacaron por su febril
defensa del paramilitarismo en tanto política contrainsurgente.
Paralelo a la expansión del paramilitarismo, se fue registrando el
copamiento sobre estructuras de poder e instituciones públicas, en
la perspectiva de dar forma a un proyecto político de alcance
nacional cuyo epicentro fue la costa norte de Colombia de donde
irradió al resto del país.
El copamiento fue tan elemental como brutal. El
paramilitarismo impuso alcaldes, gobernadores y presidente de la
república. En los dos primeros casos, eliminó a los contendientes de
sus candidatos, amenazó, humilló y castigó a la población en caso de
no votar por sus candidatos. Cuando los resultados fueron adversos,
corrompieron a las autoridades electorales y, si esta tercera opción
fallaba, eliminaban al gobernador o alcalde elegido. En el segundo
de los casos, es un hecho reconocido el fraude electoral en zonas de
dominio paramilitar a favor del entonces candidato Uribe Vélez.
Frente al poder legislativo (concejos
municipales, asambleas departamentales, cámara de representantes y
senado), en todos los casos determinaron quienes podían ser
candidatos y quienes no y, en consecuencia quienes resultarían
elegidos. Se denunciaron casos en que para cámara de representantes
y senado a los aspirantes a tales cargos se les asignó astronómicas
cifras de dinero para garantizar el éxito de los mismos y, en otros
casos, se les cobró una especie de impuesto por hacer política en
sus zonas de influencia. En cualquiera de los casos, los elegidos
quedaron comprometidos con el paramilitarismo.
Se afirma que la
Fiscalía General de la
Nación, cuando estuvo bajo la orientación del
político conservador Luis Camilo Osorio, se habría caracterizado por
la cesación de procesos en contra del paramilitarismo, entrabar las
investigaciones sobre las relaciones entre paramilitares y
militares, dificultar las investigaciones sobre masacres y
desplazamientos y perseguir a jueces, fiscales y funcionarios que
intentaron cumplir cabalmente sus tareas. La
Defensoría del Pueblo actuó medrosamente, no hizo
lo suficiente por develar los hechos. La Procuraduría
General de la Nación, ha
estado de espaldas ante tales fenómenos. La
Contraloría General de la
Nación ha brillado por su ausencia en estas
circunstancias, como en otras tantas.
Ha sido la Corte
Suprema de Justicia la instancia que ha intentado
apersonarse del fenómeno en materia de investigación. Según tal
organismo, que ha ordenado la captura de miembros del congreso
colombiano por sus nexos con los paramilitares,
los resultados electorales examinados, la
evidente intimidación sobre la población y demás actores políticos,
la eliminación de eventuales opositores, la no admisión de
candidaturas distintas a las acordadas por el grupo paramilitar y la
imposibilidad del libre ejercicio de actividades proselitistas,
son situaciones reveladoras del concierto para
delinquir imputados a los congresistas36
de la coalición gobernante.
El DAS, a los paramilitares, les suministró
información de inteligencia sobre sindicalistas, dirigentes de
izquierda y líderes populares que fueron posteriormente asesinados,
borró de sus bases de datos los prontuarios de narcotraficantes y
paramilitares, les legalizó el porte de armas, les otorgó
facilidades para el desplazamiento consistente en vehículos
blindados y seguridad personal o escoltas.
El paramilitarismo infiltró y copó varias
universidades estatales, especialmente en la costa norte de
Colombia. Algunos rectores no fueron elegidos democráticamente por
los estamentos básicos (docentes, estudiantes, funcionarios y
egresados), sino por los jefes paramilitares de la región. En esas
universidades, el paramilitarismo ejecutó una especie de purga, a la
usanza de lo actuado por las dictaduras. Profesores de tendencia
izquierdista fueron asesinados, otros desterrados y los demás
acallados. Igual suerte corrieron estudiantes y trabajadores. Las
organizaciones profesorales, estudiantiles y de los trabajadores
fueron extinguidas por la acción de las amenazas. Toda expresión
académica resultó ser subversiva.
El nivel de copamiento sobre estructuras de
poder e instituciones públicas por parte del paramilitarismo sobre
el Estado colombiano alcanzó el asombroso caso de configurar un
eficiente sistema tributario aplicado a las mismas instituciones y a
personas naturales. Los recursos para la salud y educación en los
departamentos y municipios fueron desviados a manos de los
paramilitares, naturalmente con la complicidad de funcionarios,
gobernantes y políticos. En municipios y gobernaciones, contratos
sobre obras fueron otorgados a testaferros de los paramilitares y,
en caso de no ser así, el contratista beneficiado debía pagar un
porcentaje a aquellos para que se les permitiese trabajar. Los
vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, tenderos, finqueros,
transportadores, expendios de estupefacientes, prostíbulos, pequeños
y mediados empresarios también fueron obligados a pagar una especie
de impuesto a los paramilitares cuyo incumplimiento acarreaba su
ejecución y/o la apropiación de sus bienes.
La expansión del paramilitarismo ha dado lugar
a una especie de Estado mafioso. Un Estado mafioso que, en materia
de la geopolítica regional, ha profundizado su servilismo frente a
Estados Unidos, genera tensión y desconfianza entre sus vecinos. En
el orden interno, se sostiene en el terror y el amedrentamiento que
irriga sobre la población. Esquilma al desvalido y es pródigo con el
poderoso. Quienes dirigen los destinos de dicho Estado actúan como
mafias del clientelismo, se hacen representar en el exterior por
personajes vinculados a investigaciones penales como el embajador en
Chile en el año 2005, y el cónsul en Milán en el año 2006.
El Jefe de Estado señala a sus opositores como
"terroristas vestidos de civil" y a periodistas independientes como
"voceros de la guerrilla", es decir, su paradigma es similar al de
los paramilitares. El paramilitarismo dio origen a una especie de
clientelismo armado. Según Rut Diamint, en Colombia
... la situación ha sido descrita como un caso
de ausencia de poder monopólico del Estado. A ello se agregan los
efectos desestructurantes del problema de las drogas, que llevan a
considerar a Colombia como un narco-Estado, en donde las autoridades
de los tres poderes están financiadas por el narcotráfico y donde
los narcotraficantes controlan directamente algunas agencias
gubernamentales.37
La iglesia católica frente al fenómeno del
paramilitarismo ha actuado de manera oscura y oportunista. Los
pronunciamientos episcopales son acomodaticios en algunos casos, en
otros, actúa abiertamente a favor del establecimiento. El Fiscalía
General de la Nación, ¿se empleará a
fondo para esclarecer plenamente el escándalo de la parapolítica?,
no se puede perder de vista que los altos y medios cargos en los
organismos de control, son el resultado de las componendas
burocráticas la clase política colombiana. La fiscalía tendrá
primero que depurarse, ganar credibilidad y confianza, de lo
contrario, no será mucho lo que produzca en esa materia. La
denominada sociedad civil está ausente en este trance por el que
atraviesa Colombia, la convocatoria a marchas, paros y mítines de
rechazo a la impunidad y de apoyo al esclarecimiento de la verdad,
es esporádica y de poca asistencia.
4. Reacciones frente al
escándalo
El gobierno nacional encabezado por Uribe Vélez
ha reaccionado apelando a un viejo resabio consistente en
defenderse, atacando a sus oponentes. No ha podido comprobar que
nada tiene que ver con el paramilitarismo, apela a numerosos trucos
para desviar la atención puesta sobre el fenómeno. Los senadores y
representantes investigados por la fiscalía y que hacen parte de los
partidos que apoyan su acción de gobierno actúan de similar modo.
Uno de esos trucos es la propuesta de un juicio
al Estado, buscando con ello una especie de empate, el cual sería la
antesala a una ley de punto final. A altos funcionarios del gobierno
de Uribe Vélez, se les han comprobado sus nexos con paramilitares o
sus familiares lo son. El hecho de haber sido electo con votos de
los paramilitares y conseguidos de modo violento y fraudulento por
éstos, convierte a su gobierno en ilegítimo, sostenido por medios de
comunicación serviles, por Estados Unidos, por unas relaciones de
poder afianzadas en el clientelismo y la corrupción y por unas
fuerzas armadas convertidas en guardias pretorianas.
Las organizaciones guerrilleras y la izquierda
persisten en lo que han denunciado desde hace décadas. Por su parte
la izquierda "democrática" o "centroizquierda" en Colombia,
compatible con el neoliberalismo, y que ahora prefiere
autodemonimarse "incluyente", frente a los hechos, asombra por sus
"buenas maneras" para "no espantar la inversión extranjera, a los
industriales nacionales patriotas y a las personalidades
democráticas".
El senador Gustavo Petro Urrego, del partido
político de oposición, Polo Democrático Alternativo (PDA), quien ha
liderado las denuncias sobre la parapolítica, reconoce que se ha
interesado en el tema a raíz de la información de primera mano que,
sobre el particular, le han ofrecido ex paramilitares ahora bajo
protección en el exterior, especialmente en Canadá, militares que se
negaron a transar con los paramilitares y víctimas de éstos y por el
interés en que se conozca "toda la verdad", se fortalezcan las
instituciones y se repare a las víctimas.
El PDA, instó al presidente para que ofreciera
explicaciones sobre el escándalo de la parapolítica, según tal
partido político, los congresistas presos, sindicados de tener nexos
con paramilitares, militan en organizaciones que han respaldado al
mandatario.
El Presidente Uribe no ha dado ninguna
explicación política de por qué tantos amigos suyos – quienes lo
respaldaron con sus votos, lo acompañaron en sus giras electorales y
le financiaron sus campañas presidenciales, al igual que recibieron
el respaldo del Presidente desde el gobierno – resultaron vinculados
con las organizaciones paramilitares,
se pregunta dicho partido político.38
Las fuerzas armadas, pese a los llamados que el
Ministro de Defensa Juan Manuel Santos Calderón les ha hecho para
que confiesen si tuvieron o tienen vínculos con los paramilitares,
ninguno de sus miembros ha dado el paso al frente para actuar en
consecuencia. Es de suponer que miembros de las mismas tienen
información privilegiada sobre relaciones con los paramilitares y de
las del resto de la sociedad con aquellos. Cuando miembros del
paramilitarismo han amenazado con decir la verdad sobre los vínculos
con militares, empresarios y políticos, son asesinados y sus
familias intimidadas. De modo aislado, oficiales en uso de buen
retiro, como es el caso del coronel Carlos Alfonso Velásquez,
consideran que ha sido un error estratégico la alianza entre
militares y paramilitares, la cual se debe, según el mismo, a que
las elites colombianas y las fuerzas armadas no poseen un
pensamiento estratégico frente a la guerrilla; el hacer prevalecer
una estrategia equivocada consistente en fijar, como principal
indicador de gestión, el número de bajas causadas a la guerrilla;
así como a problemas éticos en la formación de los
militares.
Los medios de comunicación han hecho del
escándalo un espectáculo. Tienen una enorme responsabilidad ética,
moral, social y política respecto al esclarecimiento de estos hechos
de la historia colombiana, sin embargo, parece ser que pesan más los
intereses de grupos y de elites que los de la nación a la cual
informan. La información que poseen, la manipulan y no la difunden
completamente. Se imponen así mismos una especie de censura.
Estados Unidos por su parte, mientras sus
intereses no se pongan en riesgo, nada le importa si en Colombia
existe un Estado mafioso, tampoco las dimensiones éticas, morales e
ideológicas de los vínculos de la clase política y los militares con
los paramilitares y por ende con los narcotraficantes. Pues al fin y
al cabo también se trata de un Estado que también incurre en
prácticas terroristas en ámbito internacional.39
En materia estructural, le interesa ahondar las relaciones de
dependencia, en lo coyuntural, poner el marcha el Tratado de Libre
Comercio y exacerbar más conflicto colombiano como parte de la
estrategia bélica para la región andina.
El proceso de paz adelantado por el gobierno
nacional de Uribe Vélez con las organizaciones paramilitares
pareciese no corresponder a un proceso de paz ya que ni siquiera las
acciones de estos han cesado, sino más bien, a una estrategia
política de largo aliento en Colombia, consistente en legalizar las
fortunas adquiridas por paramilitares, narcotraficantes y altos
funcionarios estatales; en justificar y posicionar el proyecto
político de la extrema derecha; en simular juicios ante la justicia
colombiana para evadir la acción de la justicia estadounidense.
En el marco de la ley que regula dicho proceso
de paz se presenta una curiosa situación. Presuntamente los
paramilitares están obligados a confesar "todos" sus crímenes y, en
caso de no hacerlo, confesar a medias u omitir algunos, perderán los
beneficios. Sin embargo, los funcionarios del sistema judicial
colombiano, no disponen de todo el prontuario para contrastar si
efectivamente quien confiesa lo está haciendo a plenitud. La
información de que dispone la justicia colombiana de cada
paramilitar, es fragmentaria, superficial e incompleta. Se sabe que
muchos de ellos, ni siquiera estaban siendo requeridos por la
justicia y por eso quedan en libertad. Queda en consecuencia, a
voluntad del paramilitar, si confiesa todo, una parte o acomoda a su
amaño e interés los hechos con calculado propósito. El paramilitar
decide qué confiesa y qué no, cómo lo hace, cómo matiza, relativiza,
niega o justifica. El rol de quien actúa como juez parece ser
pasivo, en el sentido de esperar que su interlocutor proceda narrar
hechos según le convenga.
Respecto a la confesión preliminar hecha en
enero de 2007 por uno de los máximos líderes de los paramilitares,
el señor Salvatore Mancuso Gómez, de modo reiterado, afirma que las
acciones de los paramilitares, siempre y en todo caso, contaron con
el apoyo del conjunto de las fuerzas armadas y de la policía
nacional y, al momento de mencionar nombres concretos, relaciona a
oficiales muertos. Reitera lo ya expuesto por Carlos Castaño Gil, en
el sentido de que hubo un llamado "Comité de los ocho", compuesto
por personalidades de "reconocida solvencia moral" y de "reconocida
trayectoria política en el país", encargado de señalar a quien se
debía eliminar. Las masacres en las que confiesa haber participado,
las justifica como "exitosos partes de guerra contra del enemigo" y
las ejecuciones individuales de alcaldes, concejales y demás, las
justifica como "acciones en contra de la corrupción". De las
acciones más escabrosas, inculpa al extinto Castaño Gil. La
confesión, en todo y sus partes, denota un esfuerzo por asignarle a
sus acciones una dimensión política.
La mencionada confesión, en otros países,
hubiese provocado la irrupción de masivas marchas de la ciudadanía
reclamando claridad en los hechos confesados y castigo a los
culpables, así como la renuncia de altos oficiales, ministros y del
propio presidente. Pero no, en la lógica del cinismo canicular que
en Colombia parece haberse convertido en la norma generalizada por
la cual se miden gobernantes y gobernados, usualmente se espera que
un escándalo mayor cubra con su sombra a este o que un episodio
banal desvíe la atención de los colombianos. Pese a todas las
acusaciones y evidencias en contra, las fuerzas armadas, se aferran
al argumento, según el cual los nexos entre militares y
paramilitares son individuales, aislados y no institucionales.
Como parte de este endogámico proceso de paz,
se creó una comisión para la reparación de las víctimas, presidida
por el sociólogo Eduardo Pizarro Leóngomez y parte de sus
declaraciones auguran una burla a las víctimas. Tal funcionario ha
manifestado, en primer lugar, que los recursos destinados a la
reparación de las víctimas, son insuficientes. En segunda instancia
y, concomitante con lo anterior, que parte de la reparación tendrá
que ser simbólica. En tercer lugar, escamotea el espíritu de la ley
y se pone a favor de los victimarios y del gobierno nacional que en
el fondo son un mismo actor del conflicto, al impulsar la tesis,
según la cual, la reparación también debe ir dirigida hacia las
víctimas de las acciones de las guerrillas y remontarse hasta la
década de los años sesenta del siglo XX.
5. Reflexiones finales
Durante la administración de Uribe Vélez,
resaltan tres tendencias de la situación de Derechos Humanos:
aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza
pública por medio de los falsos
positivos, el incremento de las detenciones arbitrarias y la
paramilitarización de la sociedad y las instituciones. Esta última
tendencia, en el plano militar se expresa en el hecho de que
paramilitares se institucionalizaron a través de empresas e
instituciones, en el ámbito económico controlan actividades ilegales
y además participan de proyectos agroindustriales con el auspicio
del gobierno40
y, en materia política, está el escándalo de la parapolítica. El
gobierno nacional, en tanto que resultado y expresión del
paramilitarismo, es juez y parte en ese proceso de paz por medio del
cual se institucionaliza el paramilitarismo, donde las víctimas o
familiares de las mismas adolecen de fuertes organizaciones locales,
regionales y nacionales. Sus luchas son individuales, insulares y
desarticuladas de proyecto político alguno, aparte de que sus
voceros son asesinados.
El paramilitarismo en Colombia, transformó a
este país. Borró de un plumazo los múltiples intentos de reforma
agraria. Incidió en la configuración de nuevas características
demográficas y con ellas la agudización de problemas ligados a las
necesidades básicas insatisfechas, fenómeno determinante en la
pauperización de la mayoría de la población. Estimuló la degradación
de la guerra. En el ámbito social, familiar e individual afianzó
valores como el lucro fácil, el consumismo, la intolerancia, la
agresividad, la justificación de cualquier medio para alcanzar un
fin, el despilfarro y la ostentación. Coadyuvó en la polarización de
la sociedad. Contribuyó a la consolidación de una ética política
basada en el señalamiento, la estigmatización, la exclusión, la
corrupción, el clientelismo armado y la violencia.
El fenómeno del paramilitarismo y el escándalo
provocado, deben ser vistos desde una perspectiva estructural,
encuadrada en la geopolítica y la razón de Estado que Estados Unidos
adoptó para este país en virtud de sus seculares conflictos, también
articulada a la evolución de las distintas violencias y éstas a la
dinámica de un capitalismo periférico y dependiente. Soslayar los
análisis de estas mínimas coordenadas, sitúa a quien lo intente, en
la perspectiva de que la hoja no deja ver la rama, la rama no deja
ver el árbol y el árbol no deja ver el bosque, pues los
paramilitares, entre otras cosas, son parte de la política
contrainsurgente impuesta por Estados Unidos.
A las antiguas tareas antisubversivas de las
fuerzas armadas colombianas, Estados Unidos le sumó otras, como la
represión al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes; la
custodia de la infraestructura minera, energética, petrolera y de
comunicaciones donde hay capitales estadounidenses invertidos; el
servicio de seguridad para el personal uniformado y civil de ese
país, que cumplen funciones militares y políticas en Colombia; la de
ser consumidores netos y compulsivos de la industria militar
estadounidense y el ser el principal sostén de regímenes políticos
civiles corruptos e ilegítimos. No importó a Estados Unidos si para
el cumplimiento de esas tareas las fuerzas armadas colombianas,
auspiciaran organizaciones paramilitares o se aliaran con las ya
existentes.
Mancuso Gómez expresó en su confesión que
cadáveres de civiles o de los mismos paramilitares masacrados por su
organización fueron entregados al ejército nacional, institución que
los presentaba como guerrilleros muertos en combate. Si ello fuere
así, su incompetencia para derrotar a las organizaciones subversivas
y su mediocridad en los resultados ha empujado al estamento
castrense a incurrir en este tipo de prácticas en el afán por
mostrar resultados; pese a que desde antes de los años ochenta se
habían identificado situaciones que incidían en el bajo desempeño de
los militares colombianos en su lucha contra la subversión y
señalado los errores más frecuentes de la misma, continúan
incurriendo en las mismas fallas, cuestión que contribuye a explicar
su descomposición moral; la Doctrina de
la Seguridad
Nacional y la razón de Estado derivada de la misma,
condenó a las fuerzas armadas de Colombia a combatir guerras sin
brillo, desprovistas de honor, sin hidalguía, sin pundonor ni
hombría; el paramilitarismo las envileció; la razón de Estado, del
Estado colombiano y la de Estados Unidos convirtieron a las fuerzas
armadas, de pretendidas características nacionales, en una
institución al servicio de una ideología
contrainsurgente.
¿De qué manera benefició o beneficia el
paramilitarismo a Estados Unidos? Frena, retrocede o aniquila
distintas expresiones de la izquierda; contribuye al éxito electoral
de candidatos pro-estadounidenses; intimida y acribilla el
pensamiento crítico; asesina a sindicalistas de las multinacionales
estadounidenses; contribuye a la imposición del neoliberalismo;
"libera" zonas estratégicas de la "amenaza subversiva"; estimula el
armamentismo; profundiza la dependencia de Colombia; promueve el
pensamiento neoliberal afín a la globalización; sirve de laboratorio
de prueba de estrategias antisubversivas; en materia geopolítica
incide en la correlación de fuerzas en el área andina, a favor de
Estados Unidos; le otorga mayores argumentos para persistir en la
lucha contra las drogas; mantiene latentes conflictos, a partir de
los cuales, Estados Unidos cualifica y cuantifica su intromisión en
los asuntos internos de Colombia. Este tipo de beneficios concuerda
con los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad y, por
ende, con su razón de Estado, en la perspectiva de ampliar y
consolidar su poder.
El paramilitarismo en Colombia no se puede
explicar solamente como una reacción ante los atropellos de la
delincuencia, los abusos y el crecimiento de las organizaciones
guerrilleras. Hace parte de la razón de Estado puesta en práctica
por las mafias que han orientado los destinos de dicho país y que
para afianzarse en el poder, recurren a prácticas viles.
NOTAS
1 ROBIN, M-M. Escuadrones de la
muerte. La escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2005.
p.33.
2 ROBIN, M-M. Op. cit., p.121.
3 TRINQUIER, R. La guerra moderna y la guerra contra las
guerrillas. Barcelona: Herder, 1965. p.53.
4 TRINQUIER, R. Op. cit., p.55-61.
5 TRINQUIER, R. Op. cit., p.68-69.
6 TRINQUIER, R. Op. cit., p.173-181.
7 ROBIN, M-M. Op. cit., p.133.
8 ROBIN, M-M. Op. cit., p.223
9 ROBIN, M-M. Op. cit., p.281.
10 ROBIN, M-M. Op. cit., p.239
11 GILL, L. Escuela de las Américas. Entrenamiento militar,
violencia política e impunidad en las Américas. Santiago: Lom,
2005. p.44.
12 COMBLIN, J. El poder militar en América Latina.
Salamanca: Sígueme, 1978. p.58.
13 GILL, L. Op. cit., p.44.
14 GARCÍA-PEÑA JARAMILLO, D. El
paramilitarismo. El
Espectador, Bogotá, p.54-55, marzo 22 de 2007.
15 CATATUMBO, P. La doctrina de la
seguridad nacional: el principal obstáculo para la paz, en Revista Javeriana,
n.590. Bogotá, v.118, p.308-312, noviembre-diciembre de 1992.
16 Ibid.
17 LERCHE, CH O. SAID, A. A. La
guerra en el mundo moderno. Revista de
las fuerzas armadas, n.83, Bogotá, v.28, p.202-206, mayo-agosto
de 1976.
18 PIZARRO LEONGÓMEZ, E. La
guerrilla en Colombia. Entre la guerra y la paz. Puntos de vista
sobre la crisis de los años 80. Controversia, n.141, Bogotá: CINEP, p.144-
147, 1987.
19 VÁSQUEZ CARRIZOSA, A. Historia crítica del
Frente Nacional. Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1992.
p.228.
20 MEDINA GALLEGO, C. TÉLLEZ ARDILA,
M. La violencia
parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia.
Bogotá: Rodríguez Quito, 1994. p.64.
21 VARGAS VELÁSQUEZ, A. Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano.
Antecedentes y perspectivas.Bogotá: Intermedio, 2002. p.281.
22 Ibid.
23 MEDINA GALLEGO, C. TÉLLEZ ARDILA,
M. Op. cit., p.64.
24 GARCÍA-PEÑA JARAMILLO, D. Op.
cit., p.54.
25 GARCÍA-PEÑA JARAMILLO, D. Op.
cit., p.55.
26 ZAMORA, G L. El Magdalena Medio: los moradores de la
represión. Bogotá: CINEP, 1983. p.43.
27 CEPEDA CASTRO, I. Respaldo
institucional. El Espectador.
Bogotá, p.19 A, semana del 21 al 27 de enero de 2007.
28 Ibid.
29 GILL, L. Op. cit., p.238.
30 Revista Semana, n.1291, Bogotá, p.12-16,
enero 29-febrero 5, 2007.
31 Tras los pasos perdidos de la
guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia,
Bruselas, 1995. Paramilitarismo en Colombia. Órdenes del alto mando.
Revista
Alternativa, Bogotá, p.3-14, octubre de 1996.
32 AMAT, Y. El reportaje de Yamid,
El Tiempo, Bogotá,
p.1-24, 22 de octubre de 2006.
33 El Espectador. Bogotá, p.
2 A, semana del 18 al 24 de
febrero de 2007.
34 GARCÍA SEGURA, H. La
Colombia del acuerdo "para". El Espectador, Bogotá, p.3 A, semana del 21
al 27 de enero de 2007.
35 PARDO RUEDA, R. Las ventajas de
la sudadera. El Tiempo, Bogotá,
p.1-17, 22 de febrero de 2007.
36 El Espectador, Bogotá, p.2 A, semana del 18
al 24 de febrero de 2007.
37 DIAMINT, R. Cuestiones militares
en América Latina. In: DOMÍNGUEZ, J. I. SHIFTER, M. (editores).
Construcción de
gobernabilidad democrática en América Latina. Bogotá: Fondo de
Cultura Económica, 2005. p.54-62.
38 El Tiempo, Bogotá, p.1-4, 22 de febrero de
2007.
39 La
Nación, Santiago,
p.7-8, 17 de noviembre de 2005.
40 10 de diciembre. Día internacional de los
Derechos Humanos, separata, Coordinación Colombia-Europa-Estados
Unidos, Bogotá, p.1-9, 10 de diciembre de
2006.