La Vereda del Sol , Artesanías

En la historia no hay hechos, sino comprensiones de los mismos, se ha dicho. Sobre el golpe de Estado en Honduras, acaecido el 28 de junio de 2009, afloraron dos posiciones. Una, asumió el hecho como “un golpe de Estado” y la otra, como “una sucesión institucional”. Estuvieron en la primera posición el presidente derrocado, José Manuel Zelaya Rosales, su equipo de gobierno, sus electores, un sector del Partido Liberal (PL), los sindicatos y la izquierda hondureña, también hicieron parte de esta visión, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y de Brasil. La mayoría de partidos de izquierda de América Latina y la Unión Europea también expresaron su rechazo al golpe de Estado, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y PETROCARIBE.

Entre quienes catalogaron el fenómeno ocurrido en Honduras, como “una sucesión institucional”, se encontraron, el líder del golpe de Estado, Roberto Micheletti Baín, del PL, la cúpula militar encabezada por el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el alto clero hondureño representado por el arzobispo de Tegucigalpa Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, los diarios La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, el Partido Nacional (PN), los gremios de industriales, terratenientes y transportadores, expresidentes de Honduras, así como grupos de presión ligados al sistema bancario. En el contexto internacional, los golpistas se beneficiaron de la posición dual en unos casos y contradictoria en otros, de los Estados Unidos y de Colombia, y del apoyo de Israel, al igual que de la febril campaña a su favor adelantada por la institución de extrema derecha “Unión de Organizaciones Democráticas de América” (UnoAmérica).

In the history there are not facts, but comprehensions of the same ones, has been said. About the coup d'état in Honduras, happened on June 28, 2009, emerged two positions. One, assumed the fact like “a coup d'état” and other one, like “an institutional succession”. There were in the first position the overthrown president, Jose Manuel Zelaya Rosales, his staff of government, his electors, a sector of the Liberal Party (LP), syndicates and the Honduran left-wing, also they did part of this perspective, the governments of the El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Dominican Republic, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay and of Brazil. The most of left-wing parties from Latin America and the European Union also expressed his refuse to the coup d'état, as well as the Organization of American States (OEA), the United Nations Organization (UNO), the Union of South American Nations (UNASUR), the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) and PETROCARIBE.

Among who catalogued the happened phenomenon in Honduras , as “an institutional succession”, we can find to the coup d’état leather, Roberto Micheletti Baín, of the PL, the military cupola directed by the general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, boss of Joint chief of the Armed Forces of Honduras , the high clergy represented by the archbishop of Tegucigalpa Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, the newspapers La Prensa , El Heraldo, La Tribuna , The National Party (PN), the industrials guilds, the landowners and the transporters, ex-presidents of Honduras, also pressure groups linked to the banking system In the international context, the coup leaders benefited from the dual position in some cases and contradictory in others, of the United States of America and of Colombia , and support of

Israel

, like the feverish campaigning for its ahead by the institution of far-right, “Democratic Union of Organizations of America”, (UnoAmérica).

Cuando Cristóbal Colón arribó a Honduras en 1502, la llamó así por su topografía. Desde entonces, hizo parte de la Capitanía General de Guatemala. A finales del Siglo XVIII, Honduras, (llamada Comayagua en esa época), fue erigida en Intendencia. De 1812 a 1814 y de 1820 a 1821, durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, formó parte de la Provincia de Guatemala. Honduras proclamó su independencia de España el 28 de septiembre de 1821 y pasó a formar parte del imperio mexicano de Agustín Iturbide hasta la formación de la República Federal Centroamérica en 1823. La República Federal Centroamérica se desintegró en 1838 y, ese año, Honduras pasó a considerarse un Estado soberano e independiente. Posteriormente, Honduras participó en fallidos intentos por restablecer la unidad centroamericana, tales como la Confederación de Centroamérica (1842-1845), el Pacto de Guatemala (1842), la Dieta de Sonsonate (1846), la Dieta de Nacaome (1847), y la Representación Nacional de Centroamérica (1849-1852). Desde entonces, adoptó el nombre de República de Honduras. Desde su independencia, Honduras ha atravesado por cerca de 300 rebeliones internas y hechos de fuerza, entre ellas, guerras civiles y golpes de Estado[1].

Su nombre oficial es República de Honduras. Tiene una superficie de 112.492 Km.) y su población se calcula en 7.200.000 habitantes. Este país está organizado en 18 departamentos. Su sistema de gobierno es el de una república presidencialista. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 es uno más de los tantos que ha ocurrido en su vida republicana y hasta esa fecha ha tenido 13 constituciones políticas. Honduras nació endeudada frente al imperio británico. Su inserción en la economía mundial en el Siglo XIX, tuvo lugar a partir de la grana, el añil, el café, la madera y el banano, en condición de periferia y a partir de economías de enclave. Ello tuvo como correlato una permanente inestabilidad política, en cuyo marco se inscriben las tres últimas décadas del Siglo XIX, en las que se registraron cambios, conocidos como las “reformas liberales”, las cuales consistieron en la adecuación de las instituciones jurídicas, políticas y educativas, así como de su sistema educativo y de su infraestructura económica, a los requerimientos de las economías de los países con un capitalismo hegemónico. En esta coyuntura (finales del Siglo XIX e inicios del XX), los Estados Unidos desplazaron a Inglaterra y se afianzó como potencia. Honduras estrechó sus relaciones de dependencia estructural frente a los Estados Unidos, específicamente por medio de los intereses de las compañías multinacionales del café y del banano, entre ellas, la United Fruit Company (UFC) y la Cuyamel Fruit Company (CFC)[2].

Tanto la UFC como la CFC no solamente controlaron la economía hondureña, también participaron en los asuntos internos y fijaron el rumbo político del país. La UFC convirtió al PL en su principal vocero político y la CFC hizo lo propio con el PN. Ambas multinacionales llegaron a constituirse en un Estado dentro del Estado y sus disputas se confundieron con los asuntos del Estado hondureño, las cuales gozaron de las condiciones favorables ofrecidas por el dictador Tiburcio Carías Andino, durante gran parte de la primera mitad del Siglo XX. La década del cincuenta al sesenta representó para Honduras una época de grandes definiciones. En primer lugar, la voluntad popular expresada en las urnas no fue respetada ni defendida por sus autoridades. Los gobiernos civiles brillaron por su ausencia. En segundo lugar, en 1954 se produjo un fuerte movimiento social de la clase trabajadora, el cual logró parte de sus reivindicaciones laborales frente a las multinacionales del banano. En tercera instancia, las Fuerzas Armadas, previa formación por parte de misiones alemanas, chilenas, francesas y estadounidenses, se erigieron como un actor político al que, en condición de árbitro, apeló la clase política hondureña que las dotó de autonomía[3].

En esas condiciones, Honduras, entre 1963 y 1980, vivió bajo dictaduras militares y fue convertida por su posición geográfica, entre el Atlántico y el Pacífico y por sus fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el “Portaaviones insumergible”, y en el lugar ideal para que los Estados Unidos afianzara su dominico en Centroamérica y el Caribe, específicamente desde la base militar de Palmerola. Las Fuerzas Armadas hondureñas hicieron suyo el discurso anticomunista de la Guerra Fría y desde entonces consideran a los Estados Unidos “el hermano mayor”. Tal formación ideológica, tuvo sus mayores niveles de protagonismo en la década de los años ochenta del Siglo XX, a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), la cual fue reforzada por medio de convenios, pactos, tratados, intercambios, asesorías, operaciones conjuntas, préstamos, asistencias y asesorías. En los años ochenta, los Estados Unidos presionaron la transición a la democracia y el régimen político logrado resultó ser funcional a sus intereses. En materia geopolítica, los Estados Unidos necesitaban en Honduras un gobierno civil, para un mejor posicionamiento en la correlación de fuerzas en la región. El resultado de esa transición a la democracia fue la Constitución Política de 1982 (CP-82). Una constitución caracterizada, entre otras cuestiones, por ser rígida (siete artículos pétreos), por elevar a rango constitucional la economía de mercado, por mantener la autonomía de las Fuerzas Armadas y atribuirle algunas funciones que son del resorte del pode civil, como son las de intervenir en los procesos eleccionarios y ser tenidos en cuenta en la provisión de altos cargos.

Consecuencias parciales de esa transición fueron: el neoliberalismo, la impunidad frente a la violación de los derechos humanos, la profundización de la dependencia, el incremento de la pobreza, el incremento del clientelismo, la corrupción y el aumento de la violencia, entre otros. En la transición a la democracia en Honduras hay dos fases: la primera va desde 1980 a 1990 y, la segunda, desde 1990 que coincide con la reducción de la autonomía militar, la suspensión del servicio militar obligatorio y la terminación de la Guerra Fría[4]. En su orden, los gobiernos civiles, en el marco de la CP-82 fueron los que encabezaron Roberto Suazo Córdoba, del PL (1982-1986); José Azcona Hoyo, del PL, (1986-1989), Rafael Leonardo Callejas, del PN, (1990-1994); Carlos Roberto Reina Idiáquez, del PL, (1994-1998); Carlos Roberto Flórez Facussé, del PL, (1998-2002); Ricardo Maduro Joest, del PN, (2002-2006); y José Manuel Zelaya Rosales, del PL, (2006-2009), el presidente derrocado el 28 de Junio de 2010.

En el contexto de la Guerra Fría, la mayoría de golpes de Estado que se registraron en América Latina, tuvieron como telón de fondo ideológico, la DSN. La DSN, contrario a lo que algunos creen, continuó teniendo réplicas en América Latina. Los golpes de Estado se pueden clasificar del siguiente modo: el inminente, el sorpresivo, el improvisado, el premeditado, el de arbitraje, el de veto, el de restauración y el de reforma. A partir de la anterior clasificación, el golpe de Estado en Honduras fue de restauración, inminente y de veto.

Un golpe de Estado podría definirse como la puesta en práctica de un plan elaborado por personas o grupos sociales, que haciendo parte de la burocracia estatal, de la oposición o del sector privado, actuando de manera autónoma, con apoyo de gobiernos extranjeros o de grupos de presión foráneos; deciden tomarse el poder, por medios no convencionales o no consagrados en el ordenamiento jurídico y político de un país, apoderándose del gobierno, mediante la combinación de una compleja estrategia que combina las variables militares, políticas, culturales, religiosas, éticas, educativas, ideológicas, económicas y comunicativas. En la tupida red de acciones conducentes a un golpe de Estado, sus autores, propenden, usualmente, a que los procedimientos sean audaces, figuren como repentinos, prime en ellos el factor sorpresa y que el enfrentamiento armado se reduzca al mínimo, para lo cual, disuadir a los reales o potenciales opositores, resulta de trascendental importancia, haciendo demostraciones de fuerza[5].

Los miembros de la Fuerzas Armadas son los principales actores en los golpes de Estado. Su intervención en política, usualmente tiene lugar en el marco de cuatro niveles: el de la presión, el de amenazas de una sanción al gobierno civil, en caso de no ser complacidos; el del uso de la fuerza para derrocar a un gobierno civil para sustituirlo por uno militar y el cuarto nivel de intervención, es el de la violencia o la amenaza de la violencia, desplazan a un gobierno civil para sustituirlo por otro gobierno también civil. En este tipo de intervención política, las fuerzas armadas, se erigen o fungen como árbitros de las controversias políticas entre los civiles, como instancia reguladora de los conflictos y como guardianas de la democracia. Cuando permanecen en este nivel de intervención y no se deciden a dar el zarpazo final para entregar el poder a un miembro de la institución o a una junta, es porque consideran que el sólo cambio de orientación política en los destinos del país es suficiente para remediar la crisis y ello lo puede hacer un presidente civil, pero también, porque ponderan la coyuntura política interna y externa para inferir las consecuencias de un golpe de Estado militar[6]. Este cuarto nivel de intervención de los militares en política, fue el que tuvo lugar en Honduras. Los golpes de Estado no son un asunto del pasado lejano. El mundo presenció golpes de Estado en Níger (1999), en las Islas Comoras (1999), en Guinea Bissau (1999), en Pakistán (1999), en Ecuador (2000), en las Islas Salomón (2000), en Venezuela (2002), en la República Centroafricana (2003), en Guinea Bissau (2003), en Nepal (2005), en Mauritania (2005), en Tailandia (2006), en Mauritania (2008), en Madagascar (2009) y en Honduras (2009).

Los principales fenómenos inherentes a la geopolítica en la cual se inscribió el golpe de Estado en Honduras, están referidos al creciente protagonismo de China en América Latina, a la presencia de Irán en Venezuela, Ecuador y Bolivia y, concomitante con ello, al mayor posicionamiento de Israel en América Latina. La llegada a la presidencia de los Estados Unidos de los demócratas, con Barack Obama, y sus iniciales y tímidos intentos de acercamiento hacia Cuba y Venezuela, también hace parte de la geopolítica de la coyuntura, así como la existencia de gobiernos de izquierda en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. De igual modo, los gobiernos de centro en Guatemala, República Dominicana y de derecha en México, Panamá, Perú y Colombia. En materia geopolítica sobresale la terminación unilateral de Ecuador de la base militar de Manta, el establecimiento de siete bases militares en Colombia, así como lo que significa Palmerola en agua, energía y biodiversidad y el hecho de que Honduras representa para los Estados Unidos maquilas y 150 transnacionales, y desde luego, el política exterior venezolana afianzada en la ALBA, la UNASUR y PETROCARIBE. El incremento del narcotráfico en la mayoría de países latinoamericanos y la asimétrica lucha contra este flagelo, la degradación del conflicto armado en Colombia el cual afecta a países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, completan el ambiente geopolítico en el que ocurrió el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009.

Las dos principales cabezas visibles del golpe de Estado fueron, el presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales[7] y el presidente del congreso, Roberto Micheletti Baín[8]. El 27 de enero de 2006 Zelaya Rosales fue juramentado como presidente constitucional de la República de Honduras. Ese día anunció a los hondureños que, en los cuatro años de su periodo presidencial, gobernaría desde la bases, lo cual significó poder ciudadano y democracia participativa. En ese sentido, fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana que reconocía el derecho del pueblo a ser consultado. La parte operativa o instrumental de dicha ley fueron las asambleas populares en las que la ciudadanía participaba y exponía sus problemas cotidianos, ejercicio por el que a Zelaya Rosales la derecha, en todas sus expresiones, lo señaló de populista y sobrevinieron los roces con los poderes legislativo y judicial, con los grupos de presión y los poderes fácticos. El primer pulso de Zelaya Rosales con las derechas, fue a través de los comerciantes y distribuidores de combustibles. Honduras pactó con PETROCARIBE (Venezuela) condiciones de financiamiento preferencial, lo que hizo que el país centroamericano pagara el 50% del precio del combustible en un plazo de noventa días y el resto en 25 años, con un interés del 1%, lo cual implicó que el costo de vida se redujera.

En marzo de 2009, Zelaya Rosales hizo la propuesta de votar en una cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre de ese mismo año, para que los ciudadanos votaran sí o no al llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), (en la primera urna se votaba por la presidencia de la república, en la segunda por los diputados y en la tercera por las alcaldías municipales). La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo de Elecciones, expresaron su rechazo a tal iniciativa. Sin embargo, Zelaya Rosales, amparado en la Ley de Participación Ciudadana, convocó la consulta ciudadana para el 28 de junio de 2009 y fue acusado de violar la CP-82 y de crear las condiciones para perpetuarse en el poder. El general Vásquez Velásquez desobedeció la orden impartida por Zelaya Rosales de distribuir las cajas con las papeletas para la consulta del 28 de junio y, en consecuencia, el oficial fue destituido por éste. La Corte Suprema de Justicia restituyó a Vásquez Velásquez y el sábado 27 de junio el golpe de Estado era inminente[9].

Entre los motivos por los que Zelaya Rosales fue derrocado pueden destacarse, su gobierno de “centro izquierda”, la política exterior no alineada a los Estados Unidos; el hecho de que en la 39 Asamblea General de la OEA celebrada en San Pedro Sula, en mayo de 2009, liderara el levantamiento de la sanción contra Cuba y propusiera su inclusión en la OEA. Sus obras y actos de gobiernos prendieron las alarmas en las elites plutocráticas hondureñas, en los Estados Unidos, así como en las derechas latinoamericanas y hondureñas, entre los que sobresalieron la afiliación de Honduras a la ALBA, a PETROCARIBE, el aumento del salario mínimo en un 60%, la solicitud a los Estados Unidos de restitución de la Base de Palmerola para construir un aeropuerto civil, el logro de un mayor crecimiento económico (7%), el incremento de la inversión extranjera, un menor endeudamiento, una mayor inversión pública, la reducción de la pobreza; el establecimiento de las matrículas gratis, la merienda escolar, el bono solidario; así como la reducción del precio de los combustibles, el rescate de empresas públicas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la reducción de las tasas de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento de microempresas, las vedas en el corte del bosque, la regulación de la explotación minera, la energía eléctrica gratuita para las 700000 familias más pobres del país, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (Lempira) frente al dólar, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y la cuarta urna como detonante del episodio.

Con sus acciones de política interna y externa, Zelaya Rosales se granjeó la animadversión de poderosos enemigos como fueron el PN, un sector del PL, la cúpula de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las derechas, el poder legislativo, el poder judicial, los terratenientes, los industriales, los comerciantes, la mayoría de los medios masivos de comunicación, los expresidentes, los militares, las derechas latinoamericanas y estadounidense. Según el mismo Zelaya Rosales, “El 28 de junio los militares asaltaron mi casa a balazos me secuestraron y me desterraron hacia Costa Rica, el Congreso Nacional falsificó mi renuncia y en un abuso de poder emitió un decreto ilegal donde me separa del cargo de Presidente Constitucional sin facultades constitucionales para hacerlo, lo anterior, igual que la orden de captura que emitió posteriormente la Corte de Justicia sin tener ninguna demanda y sin ser citado a ningún tribunal a juicio. Esto ha sido condenado y tipificado por todos los países del mundo como ruptura violenta y sorpresiva del orden democrático: golpe de Estado militar”[10].

Zelaya Rosales prometió regresar a Honduras. El 5 de julio procedente de los Estados Unidos, en un avión venezolano, intentó llegar a su país, la pista del aeropuerto internacional Toncontín fue bloqueada y la aeronave desviada a El Salvador. El 24 de julio, procedente de la ciudad de Estelí, Nicaragua, se aproximó en compañía del canciller venezolano Ricardo Maduro[11], al punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua llamado Las Manos. Hubo un amplio despliegue publicitario, cruzó la frontera, saludó a un oficial hondureño y retrocedió. Fue recibido con honores de Jefe de Estado en México, Brasil, Chile y Perú. El 21 de septiembre ingresó a Honduras procedente de El Salvador y se instaló en la embajada de Brasil, a lo cual el presidente Lula arreció la presión al gobierno golpista para que restituyera a Zelaya Rosales en el Poder.

Fue así como una coalición de derechas, con el beneplácito de los Estados Unidos, derrocó al presidente Zelaya Rosales, pues el embajador de los Estados Unidos en Honduras, desde Abril de 2008, Hugo Llorens, de origen cubano, nombrado por la administración Bush, admitió que en la noche del 21 de junio de 2009, participó en reuniones donde se discutieron planes para derrocar a Zelaya Rosales[12]. Fueron esgrimidas como razones para su derrocamiento, que la ola izquierdista de América Latina se tomaba a Honduras; que el Socialismo del Siglo XXI liderado por el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, se entrometía en los asuntos internos de Honduras; que la cuarta urna significaba violación de la CP-82 y, de paso, el establecimiento de una ANC la cual consagraría la reelección, a la usanza de lo ocurrido en Venezuela; que el gobierno de Zelaya Rosales entregaba a Honduras al comunismo y que su gobierno tenía alianzas con narcotraficantes; que parte de los programas del gobierno de Zelaya Rosales eran de inspiración de las FARC y cofinanciados por las mismas; que su gestión era corrupta e incurría en gastos ostentosos (caballos, cuidado, transporte y aperos para los mismos), botas y sombreros para Zelaya Rosales, alquiler de aviones, vinos, esculturas y bustos de Zelaya Rosales para ser puestas al lado de las de Francisco Morazán; que su gobierno había hecho gastos sin soporte o justificaciones; que había cometido del delito de traición a la patria (en total 18 delitos); aparte de afirmar que Zelaya Rosales era antisemita[13]. Una vez ocurrido el golpe de Estado en Honduras, se generaron reacciones de diversa naturaleza.

A favor del golpe de Estado, dentro de Honduras, se manifestaron las iglesias evangélicas las cuales incorporan, en sus homilías y liturgias, consignas políticas a favor de la dictadura. En esa misma dirección actuó la Iglesia Católica, a través de su más alto jerarca, Rodríguez Madariaga, quien en gobiernos anteriores al de Zelaya Rosales, había sido beneficiado con sueldos mensuales, como si se tratara de un funcionario estatal. Los poderes fácticos también se mostraron a favor del golpe de Estado y sus expresiones provinieron de exmilitares, de funcionarios estatales, de los grupos de presión (empresarios e industriales), de los medios masivos de comunicación hegemónicos (El Heraldo, La Tribuna, La Prensa), de los expresidentes y, obviamente, de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores de Honduras (CGTH), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Organizaciones No Gubernamentales, un sector del PL, las izquierdas hondureñas, algunas organizaciones eclesiales de base, así como corrientes de intelectuales demócratas, periodistas independientes y medios de comunicación no hegemónicos, hicieron parte del elenco de organizaciones que reaccionaron en contra del golpe de Estado, dentro de Honduras.

El golpe de Estado, fuera de Honduras, también generó reacciones a favor y en contra. Entre las primeras destacan, las de los exiliados cubanos residentes en los Estados Unidos, la posición asumida por la bancada republicana de la cámara y senado de los Estados Unidos, las extremas derechas de América Latina por medio de UnoAmérica “Unión de Organizaciones Democráticas de América”, la multinacional de las comunicaciones CNN, El País (de España), el Partido Popular (de España) y periodistas como Mario Vargas Llosa, Alejandro Peña Esclusa y Fernando Londoño Hoyos, entre otros).

Hacen parte de las segundas (reacciones en contra fuera de Honduras), la Unión Europea, organismo que el 14 de Octubre de 2009 pidió a España elaborar una lista de los nombres de las personas involucradas en el golpe de Estado para proceder a tomar medidas en su contra. Un sector de la bancada demócrata del congreso de los Estados Unidos, la OEA, la ONU, la ALBA, la UNASUR, el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), el MERCOSUR, las izquierdas latinoamericanas, los sindicatos de trabajadores, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba, organizaciones guerrilleras de izquierda, al igual que destacadas personalidades del mundo del arte, la ciencia, la academia y la cultura, así como los gobiernos de República Dominicana y de México, hicieron parte del amplio espectro de rechazo y oposición al golpe de Estado en Honduras. Los Estados Unidos, inicialmente, reaccionaron de manera tibia y dual. Panamá, Perú y Colombia, adoptaron posiciones ambiguas. En este escenario, de reacciones a favor y en contra del golpe de Estado en Honduras, dentro y fuera de ese país, los principales actores políticos definieron claras estrategias, tanto para la consolidación de la dictadura, como para la restitución de Zelaya Rosales en el poder.

Los Estados Unidos, consecuentes con el pragmatismo que caracteriza su política exterior, frente al golpe de Estado, apeló a la política del doble carril, consistente en el juego de las dos posibilidades más probables (la restitución de Zelaya Rosales en el poder y la consolidación de la dictadura), a partir de malabarismos lingüísticos, donde la ambigüedad en las declaraciones y la falta de contundencia respecto a cada una de las dos posibilidades, fueron las principales características. Los Estados Unidos, antes del golpe de Estado, sabían que estaba en marcha. De manera inicial, los Estados Unidos amenazaron con la suspensión de la ayuda militar, de la asistencia a programas de desarrollo social, económico e institucional, del apoyo humanitario, y cancelaron las visas a la cúpula golpista. Este tipo de medidas no lograron el retorno a la democracia. También hizo parte de la estrategia estadounidense, delegar en terceros la discusión de alternativas de solución a los hechos ocurridos. Tal misión se le encomendó al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, por cuya gestión fue creado el espacio de diálogos (gobierno derrocado-dictadura) que dio origen al Acuerdo de San José. Con no poca dosis de razón, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama llamó hipócritas a quienes pidieron mayor intervención de los Estados Unidos en este asunto para restituir al presidente derrocado, por cuanto que en otras intervenciones de los Estados Unidos fueron criticados, justamente por intervenir. ¿Hay intervenciones buenas y otras malas?

Parte de la estrategia adoptada por los Estados Unidos, para enfrentar la situación en Honduras, consistió en tres acciones. Primero, escogió uno de los eslabones más débiles de la cadena integracionista latinoamericana y auspició el golpe de Estado. Segundo, aisló a Honduras de los miembros de la ALBA y tercero, puso a los poderes legislativo y judicial hondureños, la tarea de la eventual restitución de Zelaya Rosales al poder[14]. El 20 de Octubre de 2009, el senador Jim DeMint declaró que se había reunido con el Subsecretario de Estado Thomas Shannon y que estaba complacido de que el Departamento de Estado por fin había entendió que “es esencial que estas elecciones en Honduras [29 de Noviembre] se lleven a cabo y sean reconocidas”. Como resultado, DeMint dijo que estaba “ansioso” de retirar el bloqueo contra la confirmación de Arturo Valenzuela a Sub Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental y Thomas Shannon, como embajador en Brasil[15].

El 25 de Noviembre quedó expuesta en toda su magnitud la política del doble carril que habían adoptado los Estados Unidos, frente a la crisis hondureña. Sus posiciones fueron ambiguas e imprecisas. Por un lado, había declarado “ilegal” el golpe de Estado y llegó a amenazar con desconocer los resultados de las elecciones del 29 de Noviembre. Por otro lado, esta posición cambió a partir del 30 de Octubre, cuando después de negociaciones con enviados del Departamento de Estado, fue firmado un acuerdo entre el gobernante de facto y el presidente constitucional[16]. A pesar de que el gobierno golpista no cumplió el acuerdo, pocos días después el gobierno de Obama declaró que reconocería los resultados de las elecciones si éstas eran calificadas de “imparciales”, aún sin la restitución de Zelaya Rosales. Así lo hizo saber Obama a su homólogo del Brasil, Lula da Silva, a quien le expresó que después de los comicios electorales, “todo partiría de cero”. Según Zelaya Rosales, el gobierno de los Estados Unidos antepuso los intereses de su política interna y abandonó la lucha por la restauración de la democracia en Honduras, y precisó que “Hubo negociaciones a nuestras espaldas de los dos partidos de los Estados Unidos y nos dejaron a nosotros desarreglada la casa y arreglaron la de ellos”[17].

El 28 de Junio el Presidente Obama había declarado que estaba preocupado por la “detención y expulsión del Presidente Zelaya”. En ese entonces él llamó a “todos los actores políticos y sociales de Honduras a respetar las normas democráticas, el apego a la ley” y terminó con la invitación al “diálogo”. En esos términos puso al régimen de facto en el mismo plano respecto al depuesto Jefe de Estado hondureño. Para guardar las apariencias, intermitentemente, la Casa Blanca declaró que Zelaya Rosales era el Presidente. Resaltaron el diálogo como una solución y, por medio del mismo, el golpe de Estado fue presentado a los hondureños y al resto del mundo, como un hecho consumado. Rehusaron calificar en todas las ocasiones los hechos del 28 de Junio como golpe de Estado[18]. Para Washington, el retorno de Zelaya Rosales como Presidente de Honduras nunca fue algo sine qua non para la restauración del orden democrático. Zelaya Rosales no era esencial, pero las elecciones eran un principio que no se podía abandonar.

El Departamento de Estado anunció un giro de 180 grados en su política hacia Honduras y declaró que reconocía el resultado de las elecciones del 29 de Noviembre aun bajo el régimen de facto. La nueva estrategia de promover las elecciones sin asegurar previamente el regreso al orden constitucional, destrozó el Acuerdo Tegucigalpa/San José negociado a instancias de los Estados Unidos y firmado por el presidente derrocado y el dictador Micheletti Baín. El 4 de Noviembre, a unos días de que la Secretaria de Estado Hilary Clinton presentara el acuerdo como “…un enorme adelanto hacia la solución de la crisis política hondureña”, el Subsecretario de Estado Thomas Shannon declaró en entrevista con CNN que “la formación del Gobierno de Unidad Nacional es independiente de la restitución del Presidente Zelaya”, y que el Congreso hondureño decidirá cuándo y si acaso Zelaya Rosales es restituido a la presidencia. Su sorpresiva declaración suprimió del acuerdo el punto de la restitución presidencial, dejando este punto en el aire mientras confirmaba que el gobierno estadounidense reconocería las elecciones de cualquier manera. Luego los embajadores de los Estados Unidos ante la OEA y Honduras, Lewis Anselem y Hugo Llorens, respectivamente, confirmaron esta nueva posición[19]. El acuerdo dejó abierta la solución absurda, pero posible, de permitir que el régimen golpista formara un gobierno de unidad sin un presidente legítimo, haciendo parecer que el incumplimiento del mismo sería culpa de Zelaya si él se hubiese negado a participar. La ONU y la OEA, mediante sendas resoluciones, habían exigido la restitución de Zelaya Rosales al poder. En América Latina fue rechazado el cambio de posición de los Estados Unidos.

El Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos, Craig Kelly, el 17 de Noviembre de 2009, tras una visita a Honduras, señaló que para los Estados Unidos, “una parte importante de la solución para la paz hacia el futuro son las elecciones”, “Nadie tiene el derecho de quitar al pueblo hondureño el derecho de votar, elegir a sus líderes; esta es una parte importante de la democracia y he notado el entusiasmo en el país, que está avanzando hacia las elecciones del 29 de Noviembre”. Exhortó a los hondureños a que “hagan gestos para avanzar en la reconciliación en la nación” e insistió en que “es muy importante que las autoridades respeten los derechos humanos”. De igual modo señaló que “es importante que todos los actores eviten provocaciones, llamados a la violencia, porque lo que el país necesita es la tranquilidad, un ambiente de paz, para avanzar hacia esa fecha tan importante”. Enfatizó que para los Estados Unidos era importante restablecer el orden constitucional por medio de las elecciones. No habló de la restitución de Zelaya Rosales. Según Kelly, la decisión del congreso hondureño de votar sobre la restitución de Zelaya Rosales tras las elecciones del 29 de Noviembre no contradice el Acuerdo Tegucigalpa/San José, pues según el mismo, “Dado que el acuerdo no establece plazos para esta votación del congreso, celebrar la votación el 2 de diciembre no es necesariamente incoherente con el acuerdo”[20].

Por su parte el gobierno derrocado adoptó la estrategia de la diplomacia y el gobierno itinerante. Zelaya Rosales emprendió una especie de exilio por América Latina y los Estados Unidos, con una parte de sus más inmediatos colaboradores, mientras los demás debieron permanecer en la clandestinidad. El derrocado presidente intervino ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y le reiteró a los Estados Unidos la necesidad de aumentar la presión para alcanzar su restitución.

Los golpistas, a su vez, quienes desde mayo de 2009 se habían aglutinado entorno a la Unión Cívica Democrática, ofrecieron contradictorias explicaciones y justificaron el golpe. Inicialmente, exhibieron una carta, supuestamente firmada por Zelaya Rosales en la que éste renunciaba. La carta resultó ser falsa. Luego, por medios de expeditos procedimientos, coludidos, los poderes legislativo y judicial tramitaron la destitución de Zelaya Rosales, sin que este hubiese sido vencido en juicio legal alguno y elevaron a Micheletti Baín, a la dignidad de Presidente de la República. En la justificación que los golpistas hicieron de sus acciones, afloró una mixtura de imaginarios en la que combinaron asuntos propios de lo que fue la Guerra Fría, del integrismo, del racismo y la histeria antichavista fue convertida en una especie de política de Estado, a partir de la cual fue desatada una feroz represión que arrojó como resultados, el incremento de los índices en materia de violación de la derechos humanos, la censura de la prensa independiente u opositora, la exclusión y la violencia. Como parte de la estrategia para mantenerse en el poder, el régimen de facto resistió la presión internacional, organizó marchas de apoyo con los trabajadores y funcionarios estatales, pagaron costosas propagandas a su favor dentro y fuera de Honduras, dilataron las conversaciones y gran parte de sus esfuerzos los dedicaron a la organización de las elecciones generales del 29 de noviembre⁷, fecha que había sido fijada por el gobierno derrocado.

En lo concerniente a los organismos internacionales, el 4 de Julio la OEA fijó un plazo de 72 horas a los golpistas para la restitución de Zelaya Rosales en el poder. De no cumplir tal emplazamiento, dicho organismo procedería a la expulsión de Honduras, como en efecto ocurrió. Sin embargo, la OEA continuó la presión a favor del diálogo y la restitución de Zelaya Rosales, a partir del Acuerdo de San José. Después de dilaciones por parte del régimen de facto, a instancias de la OEA, el 7 de octubre se dio inicio al Diálogo de Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José. La comisión negociadora del presidente derrocado, estuvo integrada por Víctor Orlando Meza López, ex mingobierno; Mayra Janeth Mejía del Cid, ex mintrabajo y Juan Barahona, sindicalista. En esta comisión hubo divergencias, respecto a uno de los puntos de la negociación, como el de la ANC que exigía el sindicalista. El 13 de octubre Barahona renunció a la comisión por esas divergencias y fue reemplazo por el abogado Rodil Rivera Rodil, militante del PL. La comisión negociadora del régimen de facto, estuvo integrada por Armando Aguilar Cruz, ex designado a la presidencia; Arturo Gerardo Corrales Álvarez, ex candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano y Vilma Cecilia Morales Montalván, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta el 14 de octubre de 2009 había acuerdo sobre todo, menos sobre la restitución de Zelaya Rosales. El “Diálogo de Guaymuras. Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”, como finalmente se le denominó, en unos puntos fue vago y en otros, categórico. Vago en lo referente a la restitución de Zelaya Rosales y categórico, en la prohibición de la convocatoria a una ANC. También fue vago, en quién debía decidir la restitución de Zelaya Rosales y categórico, cuando prometió normalizar las relaciones internacionales, con lo cual se contribuiría a la legitimación de las elecciones del 29 de noviembre[21]. Zelaya Rosales denunció el incumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José y reafirmó que el 5 de Noviembre no se constituyó ningún Gobierno de Unidad y Reconciliación, como había sido pactado el 30 de Octubre. Las diferencias surgieron cuando ambos bandos se consideraron como los legitimados para presidir el Gobierno de Unidad y Reconciliación y vinieron las recriminaciones mutuas sobre el incumplimiento.

Más de 4.600.000 hondureños fueron convocados a participar en las elecciones generales del domingo 29 de noviembre[22], unos comicios catalogados como “ilegales” por parte de Zelaya Rosales y la OEA. Los hondureños acudieron a las urnas en medio de una fuerte polarización entre quienes apoyaban al gobierno de facto y los seguidores de Zelaya Rosales, a quien la Corte Suprema de Justicia, el 26 del mismo mes, negó su restitución al poder con 14 votos de los 15 magistrados[23].

Micheletti Baín se ausentó del poder entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009, según él, para que las elecciones fueran “tranquilas, transparentes y pacíficas bajo la coordinación del Tribunal Supremo Electoral, sin que se presuma, ni remotamente, que pueda haber una influencia de otra naturaleza”. Según el mismo, las elecciones eran la única salida a la prolongada crisis. Con tal ausencia Micheletti Baín intentó transmitir la idea de que los comicios electorales se desarrollarían con las garantías necesarias y con imparcialidad, con lo cual esperó que fueran reconocidos por los demás países y de ese modo legitimar la dictadura[24]. Mientras el gobernante de facto tomaba tal decisión, la emprendió contra el Secretario General de la OEA, al manifestar que “Don José Miguel Insulza es un mentiroso, es un vil mentiroso. Sólo está al servicio de Hugo Chávez. No tiene respeto por los pueblos pequeños”[25]. Entre el 30 de noviembre de 2009 y el 30 de Enero de 2010, Honduras tuvo tres mandatarios: uno constitucional (Zelaya Rosales), uno de facto (Micheletti Baín) y uno elegido (Porfirio Lobo Sosa).

El golpe de Estado en Honduras, aparte de ratificar a las Fuerzas Armadas, a las iglesias y a los Estados Unidos como árbitros del acontecer político; representó un obstáculo a la ola izquierdista, significó un nuevo escenario para la confrontación entre republicanos y demócratas, probablemente marcó el inicio del retroceso de las izquierdas y el regreso de las derechas, mostró rezagos de la Guerra Fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional[26] y puso en escena la judicialización de la política.

El golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, fue la respuesta dada por las derechas estadounidenses, latinoamericanas y hondureñas, en este caso particular, al auge de la izquierda en América Latina. El golpe de Estado en materia geopolítica, representó una oposición al intervencionismo del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, quien adelantó para la región una política exterior basada en el otorgamiento de precios favorables del petróleo a gobiernos cercanos o seguidores de su pensamiento bolivariano y antiimperialista.

Los golpistas hondureños actuaron el 28 de junio, en parte para detener al presidente Zelaya Rosales en su intento de reformar el ordenamiento constitucional que facilitara su eventual reelección y por el talante de sus políticas. El golpe de Estado no fue producto, exclusivamente, de un problema de poder en el seno del PL entre dos líderes: Zelaya Rosales y Micheletti Baín, sino el resultado de la confrontación de intereses económicos y políticos nacionales e internacionales. En la planificación y ejecución intervinieron actores políticos internos y externos.

Los sectores populares desbordaron al propio Zelaya Rosales en la resistencia al golpe de Estado. La crisis hondureña puso a la diplomacia latinoamericana ante el espejo de su propia impotencia. La intermediación diplomática continental resultó inoperante. La estrategia estadounidense y de la plutocracia hondureña consistió en dejar que el tiempo erosionara al movimiento de resistencia popular. Los gobiernos izquierdistas de la región, fueron derrotados por las maniobras de las derechas estadounidenses (destacándose, las febriles acciones emprendidas por el senador Jim DeMint y de la representante a la cámara Ileana Ros-Lehtinen, ambos del Partido Republicano). Las posiciones adoptadas por Washington hacia Honduras, generaron desconfianza y poca credibilidad del gobierno de Obama hacia América Latina, menos en Colombia, Panamá y Perú donde tuvieron eco.

Con la decisión del gobierno de Obama de abandonar el consenso regional de defensa de la democracia en el caso de Honduras, los Estados Unidos perdieron autoridad moral para denunciar acciones antidemocráticas en países de la región[27]. La ejecución de las elecciones del 29 de Noviembre, representó la consolidación de la dictadura y su blanqueamiento para luego pedir a las naciones del mundo el reconocimiento del nuevo gobierno. Las elecciones fueron realizadas en medio de la censura, la persecución, el asesinato de opositores, los observadores nacionales e internacionales eran aliados de los golpistas, las Fuerzas Armadas (a pesar de su prohibición de deliberar), llamaron a la gente a votar, en el Tribunal Supremo Electoral no hubo representación de todos los partidos políticos y fueron utilizados fondos del Estado para financiar las campañas de los candidatos, tanto del PL como del PN[28].

Las elecciones, en las que fueron elegidos el presidente de la república, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano; se desarrollaron en medio de una alta militarización del país, provocaciones a las organizaciones sociales, cívicas y políticas contrarias el régimen de facto, allanamientos (cateos) a las viviendas de los miembros de la oposición, patrullajes en las lugares de mayor organización popular, retenes en las principales vías y llamamiento a las reservas de las Fuerzas Armadas. También fueron detenidos defensores de los DDHH, (especialmente dirigentes del Movimiento de Mujeres por la Paz quienes realizaron plantones frente al cuartel general de la policía y en el parque central de Tegucigalpa, para denunciar el feticidio), hubo guerra psicológica, los derechos y libertades fueron conculcados, lo cual desencadenó expresiones de solidaridad como la presencia de la Plataforma de Derechos Humanos, de COFADEH, de CIPRODEH, del Observatorio Internacional sobre la situación de DDHH en Honduras, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Amnistía Internacional (según este organismo no habían garantías para las elecciones, entre otras circunstancias, por la conculcación de los derechos de libertad de opinión, de expresión, reunión y asociación)[29].

El número de personas asesinadas a raíz del golpe de Estado y de las medidas de excepción, el 29 de Noviembre, ascendía a medio centenar, aparte de 4000 casos de violaciones a los DDHH. De igual modo, fue denunciado el incremento de los gastos militares en adquisición de dotación con tecnología de punta, así como la reactivación de escuadrones de la muerte[30]. Para el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, se trató de “unas elecciones impulsadas por un régimen de facto que reprimió y atropelló los derechos humanos y políticos de los ciudadanos y ciudadanas, y una forma de validación de la dictadura de la oligarquía a nivel nacional e internacional, y un método para asegurar la continuación de un sistema que margina y explota a los sectores populares para garantizar los privilegios de unos pocos”[31].

Posesionado como presidente de Honduras el 30 de Enero de 2010, Lobo Sosa, a instancias del presidente de República Dominicana, Leonel Antonio Fernández Reyna, facilitó la salida de Zelaya Rosales, rumbo de ésta nación caribeña y procedió a nombrar su gabinete ministerial, donde la mayoría de altos dignatarios provienen del PN. Zelaya Rosales, por su parte, 6 de Marzo de 2010 fue nombrado Coordinador Jefe del Consejo Político por la Defensa de la Democracia en PETROCARIBE, para el fortalecimiento e independencia de la democracia popular en Latinoamérica, por sugerencia del presidente de Venezuela, Chávez Frías. Como parte del cumplimiento de los puntos del Acuerdo Tegucigalpa-San José, el 13 de Abril de 2010, el Consejo de Ministros por medio de un decreto ejecutivo creó la Comisión de la Verdad, integrada por el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el ex embajador de Canadá en Estados Unidos y Cuba Michael Kergin, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú María Amadilla Zavala Valladares, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, el abogado y ex rector de la UNAH Jorge Omar Casco y Sergio Membreño quien actuó como Secretario Técnico. La Comisión de la Verdad que se instaló el 4 de mayo, buscó esclarecer los hechos sucedidos antes, durante y después del 28 de junio de 2009 y entregaría los resultados de su labor en ocho meses (4 de Enero de 2011)[32]. De este modo fue superada una de las más complejas crisis, en la primera década del Siglo XXI, en Honduras, país del que Samuel Zemurray, fundador de la CFC dijera “…un diputado es más barato que una mula”.

[1] Euraque, Darío A. Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras: ensayos. Choluteca: Subirana. 1996, 4.

[2] Molina Chocano, Guillermo. Honduras: de la Guerra Civil al Reformismo Militar (1925-1973). En: América Latina: historia de Medio Siglo. 2 México, Centroamérica y el Caribe. Pablo González Casanova (Coordinación). México, Siglo XXI Editores, 3 edición, 1985, 223.

[3] Matías, Funes V. Los deliberantes: el poder militar en Honduras. 2 edición. Tegucigalpa: Guaymuras. 2000, 87.

[4] Salomón, Leticia. Las relaciones civiles militares en Honduras. Balance y perspectivas. CEDOH-ASDI. Tegucigalpa. 1999, 64.

[5] Velásquez Rivera, Edgar. Razón de Estado. Popayán: Diseño Gráfico e Impresiones. 2007, 25.

[6] Velásquez Rivera, Edgar. Historia de la transición a la democracia en Chile. Popayán: Diseño Gráfico e Impresiones, 2007, 45.

[7] Proveniente de una familia dedicada a los negocios agrícolas, ganaderos y madereros en el Departamento de Olancho, Zelaya Rosales no terminó sus estudios de ingeniería. En 1987 fue nombrado directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y presidente de la asociación gremial de los madereros. Como militante del PL desde 1970, fue diputado en tres periodos consecutivos. En 1994 el presidente Carlos Roberto Reina lo nombró ministro-director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), agencia responsable de implementar los programas de promoción social, la lucha contra la pobreza y la descentralización municipal, por lo cual recorrió toda la geografía hondureña. En 1998, tras la acción devastadora del huracán Mitch, el presidente Carlos Flórez Facussé promovió a Zelaya Rosales al cargo de Asesor el Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional y delegado en el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

[8] Roberto Micheletti Baín (“Primer héroe nacional del Siglo XXI”), estudió comercio en los Estados Unidos para luego dedicarse a la industria del transporte (Catisa, Tupsa y Trasul). Fue soldado de la guardia de honor del presidente Villeda Morales y conocido por representar al sector más conservador de su partido (PL). Aspiró en elecciones primarias a ser el candidato del PL para las elecciones del 29 de noviembre de 2009 y fue derrotado por Elvin Ernesto Santos (Vicepresidente de Zelaya Rosales). Al momento del golpe de Estado fungía como presidente del Congreso Nacional. Comenzó su carrera política como concejal de Yoro, y fue electo diputado.

[9] Moreno, Juan. Manzanas de discordia detrás del golpe de Estado en Honduras: En: http://www.bolpress.com.ar/21/07/2009.

[10] Apartes del reclamo de Zelaya Rosales ante la OEA por faltas de los Estados Unidos a desconocer las Resoluciones de la OEA y la ONU.

[11] Este episodio que fue considerado por algunos como una provocación y como una muestra de que, en efecto, Venezuela se entrometía en los asuntos internos de Honduras.

[12] Machado, Decio. Honduras: golpe de Estado en el patio trasero de los Estados Unidos. En: http://www. rebelion.org/24/07/2009.

[13] Tecnología israelí fue utilizada en la represión contra los opositores al golpe de Estado, y fue denunciada la presencia de miembros del Mossad en Honduras, en labores de asesoría y espionaje.

[14] Cuevas Molina, Rafael. El gato y el ratón. En: http://www.alainet.org/09/11/2009.

[15] White, Robert. La derrota negociada en Honduras. En: http://www.alainet.org/11/11/2009.

[16] El Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras, aparte del preámbulo, trató los siguientes puntos: sobre el gobierno de unidad y reconciliación nacional, sobre la renuncia a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la constitución en lo irreformable, sobre las elecciones generales y el traspaso de gobierno, sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre el poder ejecutivo, sobre la comisión de verificación y la comisión de la verdad, sobre la normalización de las relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional, disposiciones finales, calendario de cumplimiento de los acuerdos, declaración final, agradecimientos y sobre la entrada en vigencia del Acuerdo Tegucigalpa/San José.

[17] Brooks, David. Obama justifica el giro de postura. En: http://www.Jornada.unam.mx/26/11/2009.

[18] August, Arnold. Las firmes posiciones de ambas partes realzan la Asamblea Constituyente como única solución. En: http://www.rebelion.org/17/11/2009.

[19] Carlsen, Laura. Departamento de Estado traiciona la democracia hondureña. En: http://www.alainet.org/18/11/2009.

[20] Enviado de EUA ratifica apoyo a las elecciones. En: http://www.laprensa.hn/18/11/2009.

[21] Modak, Frida. La misión de Shannon en Honduras. En: http://www.alainet.org/09/11/2009.

[22] En las elecciones el conservador y líder opositor Porfirio Lobo Sosa, del PN, vence al liberal Elvin Santos, del PL, en unos comicios que se caracterizaron por la abstención del 40% del electorado y por problemas técnicos que retrasaron el anuncio de los resultados. En el nivel presidencial, el PN obtuvo 1,213,695 (56.56%), el PL 817,524 (38.09%), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata 39,960 (1.86%), Partido Demócrata Cristiano de Honduras 38,413 (1.79%) y el Partido Unificación Democrática 36,420 (1.70%). Santos perdió por una diferencia de 396,172 votos contra Lobo Sosa, la más alta en la historia de todos los procesos electorales de Honduras.

[23] http://www.semana.com/26/11/2009.

[24] Micheletti se ausenta, no deja reemplazo. En: http://www.Jornada.unam.mx/26/11/2009.

[25] Micheletti la emprende contra José Miguel Insulza. En: http://www.lanacion.cl/26/11/2009.

[26] Velásquez Rivera, Edgar. Historia comparada de la Doctrina de la Seguridad Nacional: Chile-Colombia. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda. 2009, 75.

[27] . Brooks, David. La postura de Washington en esta crisis daña la credibilidad estadounidense. En: http://www.rebelion.org/28/11/2009.

[28] Casasús, Mario. Entrevista a Tomás Andino. En: http://www.rebelion.org/28/11/2009.

[29] Romero, Francisco. Ahora van contra los defensores de DDHH. En: http://www.rebelion.org/28/11/2009.

[30] Trucchi, Giorgio. Esta dictadura es peor que la de los años 80. En http://www.rebelion.org/29/11/2009.

[31] Martínez Cunill, Daniel. Elecciones fraudulentas en Honduras. En: http://www.rebelion.org/29/11/2009.

[32] La Comisión de la Verdad está conformada. En: http://www.elheraldo/13/04/2010.